Diversos usuarios de vehÃculos en el Gran Santo Domingo han alzado su voz para denunciar lo que describen como detenciones arbitrarias, cobro excesivo de multas y un estilo operativo prepotente por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), entidad encargada de regular la movilidad vial.
Una de las quejas más frecuentes apunta al programa "Parquéate bien", denominado por algunos ciudadanos como demasiado estricto e insensible a la realidad del parqueo en la ciudad, donde la oferta de espacios públicos es limitada y muchos conductores no cuentan con alternativas privadas.
Falta de notificación y trato autoritario
Un residente de Evaristo Morales relata que su vehÃculo fue removido por una grúa de Digesett de manera inesperada, sin recibir notificación, comprobante ni indicación sobre la ubicación de la grúa o el paradero del automóvil. "Estaba estacionado en la misma calle por ocho años", comenta, y denuncia que uno de los agentes se dirigió al dueño con una expresión despectiva, lo que reflejarÃa, según él, una forma de intimidación injustificada.
Multas automáticas e inesperadas
Además de los operativos, circulan casos de multadas 'sorpresa' por supuestas infracciones que los conductores desconocÃan. En un caso documentado, un usuario que recién compró un vehÃculo nuevo y no habÃa sido abordado por ningún agente, llegó a renovar su licencia y se encontró con cuatro multas de mil pesos cada una, incluyendo una por presunta circulación con una licencia inválida, a pesar de que no habÃa sido requerido formalmente por ningún agente.
Otro grupo de conductores ha manifestado que, viviendo fuera del paÃs o sin haber demandado vehÃculo alguno, al renovar licencias encuentran infracciones vinculadas a sus números de identificación, lo que genera la impresión de un sistema automatizado incapaz de distinguir entre responsables reales y simples titulares de registros.
Costo oculto de renovar la licencia
La consecuencia inmediata de esta práctica es el aumento importante en el costo de renovación de licencias: lo que deberÃa costar 900 pesos por dos años asciende, en muchos casos, entre 7,000 y 8,000 pesos, tras sumar multas acumuladas y recargos por mora. Este desequilibrio ha provocado fuerte rechazo, debido a la opacidad del proceso y la aparente imposibilidad de rectificación.
Llamado a autoridades para revisión operativa
Frente a estas situaciones, ciudadanos y organizaciones civiles han solicitado la intervención del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otros entes de control, con el fin de:
-
Auditar las acciones de Digesett, evaluando protocolos de grúas y notificaciones.
-
Revisar el funcionamiento de los sistemas informáticos, que permiten la aplicación masiva de multas sin control humano.
-
Establecer mecanismos claros de apelación, para que los usuarios puedan impugnar sanciones injustas o errores.
-
Balancear la polÃtica de parqueo con la realidad urbana, buscando soluciones de corto y largo plazo para la escasez de espacios disponibles.
Estas medidas serÃan, afirman los crÃticos, un paso importante para mejorar la transparencia, la equidad y la legalidad de las actuaciones en vÃas públicas, evitando un deterioro en la percepción de justicia y confianza hacia las instituciones que regulan la movilidad urbana.
Los ciudadanos afectados describen un patrón: operativos rÃgidos, multas automáticas y falta de canal de diálogo eficiente. Estos hechos generan una sensación de arbitrariedad y abuso, debilitando la credibilidad institucional. Para recuperar confianza y cumplir con sus objetivos, las autoridades de tránsito tienen la oportunidad de revisar sus procedimientos, reforzar la atención al ciudadano y garantizar que la regulación vial sea estricta, pero justa y comunicada de forma clara.
0 Comentarios