El debate sobre la reforma al Código de Trabajo en República Dominicana ha encendido las alarmas en el sector empresarial, particularmente por el impacto que tendría el régimen de cesantía en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como en la formalización del empleo.
Durante un desayuno empresarial organizado bajo el tema "El impacto de la formalidad del empleo en la seguridad social y en el trabajo", el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos, hizo un llamado enfático a las autoridades para revisar de forma técnica y equilibrada el tratamiento de la cesantía dentro del proyecto de reforma laboral que avanza en el Congreso Nacional.
Una reforma necesaria, pero con ajustes
Castellanos sostuvo que los empresarios no están en contra de una revisión del marco laboral ni de los derechos adquiridos de los trabajadores, pero enfatizó que el modelo actual de cesantía necesita una actualización que refleje las nuevas dinámicas del mercado laboral.
"Estamos pidiendo que se mantengan los derechos ya ganados por los empleados actuales, pero que se establezca un tope razonable a futuro, que permita a las empresas operar con sostenibilidad", explicó.
Cesantía y pasivos laborales: un riesgo para las Mipymes
Uno de los puntos críticos para el sector empresarial es el peso económico que representan los pasivos laborales acumulados por concepto de cesantía, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Según Castellanos, este sistema ha desincentivando la contratación formal, ya que muchas compañías temen no poder responder ante despidos o renuncias de empleados con años acumulados.
La consecuencia de esto es clara: una mayor inclinación a operar en la informalidad, lo que no solo afecta a los trabajadores, sino también a la seguridad social del país.
¿La cesantía siempre protege al trabajador?
Otro de los argumentos presentados por Castellanos es que la cesantía no siempre resulta en un beneficio real para los empleados. En muchos casos, trabajadores que reciben una oferta mejor en otra empresa y deciden cambiar de empleo, pierden por completo el derecho a recibir prestaciones acumuladas, por tratarse de una renuncia voluntaria.
Una legislación moderna, aseguró, podría trasladar esos beneficios a mecanismos como fondos de pensión o seguros de desempleo, lo que garantiza una mayor protección sin penalizar la movilidad laboral.
Informalidad: un desafío estructural
Las preocupaciones del sector privado no se limitan a la cesantía. En su intervención, Castellanos citó datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, revelando que la informalidad laboral en República Dominicana sigue siendo alarmantemente alta:
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Agropecuario: 86.4%
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Construcción: 86.3%
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Transporte y comunicación: 71.3%
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Comercio: 63.6%
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Hoteles, bares y restaurantes: 54.6%
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Industria: 30.7%
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Intermediación financiera y seguros: 18.0%
Estos porcentajes reflejan que una parte significativa de la población económicamente activa no está cubierta por el sistema de seguridad social, lo que pone en riesgo el acceso a servicios médicos, pensiones y subsidios.
Seguridad social y empleo formal: una conexión clave
Por su parte, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reiteró que la formalización del empleo es vital para garantizar un sistema de protección social fuerte y sostenible. "Nuestro objetivo es regular y proteger los derechos laborales y sociales de todos los ciudadanos, especialmente ante riesgos como la vejez, enfermedades, maternidad o discapacidad", afirmó.
Olivares reconoció que existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el Código Laboral, pero también subrayó que se debe lograr un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y la capacidad real del empresariado, especialmente de los más pequeños.
Hacia una reforma inclusiva y sostenible
El debate sobre la cesantía dentro de la reforma laboral no solo toca temas económicos, sino también sociales y estructurales. Las voces del sector empresarial coinciden en la necesidad de modernizar el régimen laboral, pero alertan que, de no abordarse con responsabilidad y equilibrio, podría aumentarse la informalidad y debilitarse aún más el sistema de seguridad social.
El llamado es claro: una reforma consensuada, técnica y con visión de futuro, que proteja los derechos del trabajador, pero también incentive la creación de empleos formales y sostenibles en toda la República Dominicana.
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