El Senado argentino aprobó una ley que reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que marca un giro significativo en el sistema judicial juvenil del paÃs.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad. Sus impulsores aseguran que permitirá una respuesta más firme ante delitos graves cometidos por menores y reforzará el marco legal para actuar en casos complejos.
No obstante, la decisión ha abierto un debate profundo. Diversas organizaciones y especialistas sostienen que endurecer penas no necesariamente reduce el delito juvenil y advierten que podrÃa afectar garantÃas fundamentales de adolescentes en situación de vulnerabilidad. También se plantea la necesidad de fortalecer polÃticas de prevención, educación e inclusión social como complemento a cualquier reforma penal.
Opinión del Nuevo Extra
Esta reforma refleja una tensión histórica en América Latina: la urgencia por responder a la inseguridad frente al desafÃo de proteger derechos fundamentales. Si bien el reclamo ciudadano por mayor orden es legÃtimo, reducir la edad de responsabilidad penal no deberÃa convertirse en la única respuesta del Estado. El verdadero reto está en equilibrar justicia, prevención y oportunidades, evitando que el sistema penal sustituya polÃticas sociales de largo plazo.
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