La decisión elimina sanciones por conducta consensuada entre adultos y refuerza el principio de igualdad ante la ley
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia que declara inconstitucionales varios artículos contenidos en los códigos de justicia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que establecían sanciones contra personas LGBTQ+ por conductas consensuadas entre adultos.
La alta corte determinó que dichas disposiciones vulneraban derechos fundamentales consagrados en la Constitución, particularmente el principio de igualdad y no discriminación. En su análisis, el tribunal concluyó que penalizar conductas privadas y consentidas entre adultos constituía una interferencia desproporcionada en la esfera personal y atentaba contra garantías básicas reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Alcance de la decisión
La sentencia impacta directamente normas disciplinarias que, hasta el momento, contemplaban sanciones basadas en criterios vinculados a la orientación sexual. Con esta decisión, el tribunal elimina cualquier disposición que permita imponer castigos por razones relacionadas con la vida privada de los miembros de las fuerzas armadas y policiales, siempre que no exista afectación al servicio ni violación de otras normas legales.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que el fallo fortalece el marco de protección de derechos fundamentales dentro de las instituciones castrenses y policiales, ámbitos tradicionalmente regidos por códigos internos con reglas específicas de disciplina y conducta.
El tribunal recordó que la disciplina institucional no puede convertirse en un mecanismo para restringir derechos que la Constitución protege de manera expresa. La igualdad ante la ley debe aplicarse sin distinción en todos los estamentos del Estado, incluyendo aquellos con estructuras jerárquicas y reglamentaciones especiales.
Contexto jurídico y social
La decisión se enmarca en un debate más amplio sobre la armonización de normativas internas con estándares constitucionales y principios de derechos humanos. En distintos países de la región, tribunales constitucionales han revisado disposiciones similares, buscando adecuarlas a marcos legales que reconocen la dignidad y la igualdad como valores fundamentales.
En República Dominicana, el fallo representa un paso significativo en la revisión de reglamentos heredados de contextos históricos distintos, donde ciertas normas no habían sido actualizadas conforme a la evolución constitucional y jurisprudencial.
Organizaciones defensoras de derechos civiles valoraron la sentencia como un avance en la eliminación de barreras normativas que podían dar lugar a discriminación. Por su parte, sectores institucionales han indicado que acatarán la decisión y ajustarán sus reglamentos internos en cumplimiento del mandato constitucional.
Implicaciones institucionales
La anulación de estos artículos obliga a las instituciones castrenses y policiales a revisar y adaptar sus códigos disciplinarios. Este proceso implicará adecuaciones normativas y posiblemente capacitaciones internas para asegurar que el nuevo marco legal se aplique de manera coherente y respetuosa.
Más allá del aspecto jurídico, la decisión envía un mensaje claro sobre la supremacía constitucional y la necesidad de que todas las normas, sin excepción, se ajusten a los principios fundamentales del Estado de derecho.
Opinión – ElNuevoExtra
La sentencia del Tribunal Constitucional reafirma que la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la existencia de instituciones sólidas, sino por la capacidad de estas de evolucionar conforme a los principios de igualdad y dignidad humana. La disciplina y la jerarquía son pilares esenciales en cuerpos armados y policiales, pero no pueden convertirse en argumentos para mantener disposiciones que contradicen derechos fundamentales. Este fallo no solo corrige normas específicas, sino que refuerza la idea de que el marco constitucional está por encima de cualquier reglamento interno. La verdadera estabilidad institucional surge cuando el respeto a la ley se combina con la protección equitativa de todas las personas, sin distinciones indebidas. En ese equilibrio entre orden y derechos se consolida un Estado moderno, coherente con su Constitución y comprometido con la justicia. — ElNuevoExtra
--Por: Eliseo Bacilio Checo– Editor de noticias en El Nuevo Extra. Apasionado por el periodismo responsable y comprometido con llevar la información más relevante y actual a nuestra audiencia.Eliseo Bacilio Checo, creador, fundador, periodista y editor de El Nuevo Extra.
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