Santo Domingo. — Grupos ciudadanos, organizaciones sociales y movimientos cívicos han organizado protestas en distintas ciudades de la República Dominicana, exigiendo la renuncia del presidente Luis Abinader, en rechazo a un conjunto de reformas que consideran perjudiciales para amplios sectores de la población.
Las manifestaciones, que se han desarrollado en espacios públicos de manera organizada, se intensificaron tras la presentación de una propuesta de cambios fiscales que, según los sectores críticos, podría trasladar una mayor carga económica a las clases trabajadoras y a los hogares de ingresos medios, sin generar un alivio proporcional para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Voceros de los movimientos participantes han señalado que las reformas planteadas priorizan el equilibrio macroeconómico y la recaudación fiscal, pero no toman suficientemente en cuenta el impacto social en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida, la inflación y las presiones sobre el empleo. A su juicio, estas medidas podrían profundizar las desigualdades existentes y aumentar la incertidumbre económica para miles de familias.
Las protestas también han servido como plataforma para expresar un malestar más amplio relacionado con la percepción de falta de diálogo entre las autoridades y determinados sectores sociales. Los manifestantes reclaman mayor apertura a la concertación y a la construcción de consensos antes de impulsar reformas de carácter estructural que incidan directamente en la economía cotidiana de la población.
Desde el Gobierno, funcionarios han reiterado que las reformas buscan fortalecer la sostenibilidad fiscal y garantizar la estabilidad económica a largo plazo, argumentando que estas medidas son necesarias para mantener el crecimiento y la confianza de los mercados. No obstante, han reconocido que el proceso ha generado inquietudes y que se han abierto espacios de discusión para escuchar propuestas y observaciones de distintos actores sociales y económicos.
Analistas políticos coinciden en que el aumento de las movilizaciones refleja un clima de inconformidad social que trasciende la reforma fiscal en sí misma. Señalan que las protestas evidencian una brecha entre las expectativas ciudadanas y la forma en que se comunican y ejecutan las políticas públicas, lo que representa un desafío para la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Observadores destacan que el desarrollo de este escenario será clave para el debate público en los próximos meses, y que la capacidad de las autoridades para gestionar el diálogo social y responder a las preocupaciones ciudadanas tendrá un impacto directo en la percepción pública del rumbo político y económico del país.
Opinión | ElNuevoExtra
Las protestas ciudadanas no surgen en el vacío; suelen ser el reflejo de tensiones acumuladas, percepciones de desigualdad y una sensación de desconexión entre las decisiones del poder y la realidad cotidiana de la población. Más allá de las consignas y demandas puntuales, el momento actual plantea un desafío fundamental: cómo equilibrar la necesidad de reformas económicas con la obligación de proteger a los sectores más expuestos y mantener la cohesión social. Las políticas públicas, especialmente las fiscales, requieren algo más que argumentos técnicos; necesitan legitimidad social, diálogo transparente y una comunicación clara que explique no solo el "qué", sino el "por qué" y el "para quién". Ignorar el descontento o minimizarlo puede profundizar la desconfianza y polarizar aún más el debate nacional. La estabilidad democrática se fortalece cuando las instituciones escuchan, ajustan y construyen consensos, entendiendo que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin la participación y el respaldo de la ciudadanía. ElNuevoExtra
--Por: Eliseo Bacilio Checo– Editor de noticias en El Nuevo Extra. Apasionado por el periodismo responsable y comprometido con llevar la información más relevante y actual a nuestra audiencia.Eliseo Bacilio Checo, creador, fundador, periodista y editor de El Nuevo Extra.
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