Santo Domingo. — La propuesta de una Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, promovida desde la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ha generado reacciones críticas por parte de legisladores de la oposición, quienes advierten que algunos de sus planteamientos podrían abrir la puerta a mecanismos de control indebido o censura de contenidos, con posibles implicaciones para derechos fundamentales.
De acuerdo con los cuestionamientos expresados, la iniciativa contiene disposiciones que, según sus detractores, no definen con suficiente precisión los alcances regulatorios ni las garantías para periodistas, medios de comunicación y creadores de contenido. Legisladores opositores sostienen que esta falta de claridad podría derivar en interpretaciones discrecionales que afecten el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Entre las voces críticas se encuentra la del diputado Charlie Mariotti, quien manifestó públicamente su preocupación y llamó a la retirada del proyecto para una revisión más profunda. El legislador argumentó que la propuesta, en su forma actual, no ofrece garantías suficientes de respeto a la Constitución ni a los principios democráticos que protegen el derecho a informar y a opinar sin presiones ni restricciones indebidas.
Los opositores subrayan que cualquier marco legal relacionado con los medios y la expresión pública debe construirse a partir de un amplio consenso social y político, incorporando la participación de periodistas, juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. A su juicio, regular un derecho tan sensible sin un debate amplio podría generar desconfianza y tensiones innecesarias en el clima institucional.
Desde otros sectores se ha señalado que la intención declarada de la iniciativa es actualizar el marco normativo frente a los cambios tecnológicos y la expansión de los medios digitales. Sin embargo, los críticos insisten en que la modernización legal no puede comprometer principios esenciales como la independencia de los medios, la pluralidad de opiniones y el libre acceso a la información.
Analistas políticos consideran que el debate en torno a esta propuesta refleja una preocupación legítima sobre el equilibrio entre regulación y libertad. Advierten que, en contextos democráticos, las leyes sobre comunicación deben ser especialmente cuidadosas para evitar cualquier percepción de control estatal sobre el discurso público.
El tema continuará siendo objeto de discusión en los próximos días, mientras distintos actores evalúan el alcance de la iniciativa y las posibles modificaciones que podrían introducirse para garantizar su alineación con los estándares constitucionales y democráticos.
Opinión | ElNuevoExtra
La libertad de expresión es uno de los pilares más sensibles y determinantes de una democracia funcional, y cualquier intento de regularla exige prudencia, transparencia y un consenso social amplio. Las advertencias expresadas por legisladores opositores ponen de relieve un temor comprensible: que una norma mal definida pueda convertirse en una herramienta de control más que de garantía de derechos. Regular no debe significar restringir, y modernizar no puede ser sinónimo de limitar voces. En sociedades cada vez más digitales y diversas, el desafío consiste en actualizar marcos legales sin debilitar los principios que sostienen el debate público libre y plural. Una ley verdaderamente orientada a fortalecer la libertad de expresión debe nacer del diálogo abierto, el respeto constitucional y la confianza ciudadana, entendiendo que proteger este derecho no beneficia a un sector en particular, sino a toda la sociedad democrática. ElNuevoExtra
--Por: Eliseo Bacilio Checo– Editor de noticias en El Nuevo Extra. Apasionado por el periodismo responsable y comprometido con llevar la información más relevante y actual a nuestra audiencia.Eliseo Bacilio Checo, creador, fundador, periodista y editor de El Nuevo Extra.
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