Santo Domingo. — La aprobación del nuevo Código Penal por parte del presidente Luis Abinader ha generado un intenso debate público en la República Dominicana, en medio de fuertes cuestionamientos provenientes de organizaciones civiles, sectores académicos, activistas sociales y representantes de la oposición política.
La normativa fue promulgada pese a que, durante el proceso de discusión legislativa, surgieron objeciones tanto desde fuera como desde dentro del propio ámbito gubernamental. Las críticas se centran principalmente en que el texto aprobado no aborda de manera integral asuntos considerados prioritarios por amplios sectores de la sociedad, como la protección efectiva de los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de protección a la niñez y la adolescencia, y la incorporación de disposiciones más contundentes contra la corrupción administrativa.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que el nuevo Código Penal no responde a las demandas sociales acumuladas durante años de debate, señalando que la legislación deja vacíos importantes en materia de derechos humanos y justicia social. A su entender, la reforma desaprovecha la oportunidad de modernizar de forma coherente un marco legal que impacta directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Desde sectores opositores se ha afirmado que la normativa representa, en algunos aspectos, un retroceso frente a las expectativas de avance institucional, al no alinearse plenamente con estándares internacionales en temas sensibles. Estos grupos sostienen que la aprobación del Código, en su forma actual, podría generar conflictos interpretativos y limitar la capacidad del sistema judicial para responder de manera justa y equitativa a problemáticas sociales complejas.
Por su parte, voceros oficiales han defendido la promulgación del nuevo Código Penal señalando que el proceso estuvo marcado por amplios debates y que la normativa introduce actualizaciones necesarias en diversas áreas del derecho penal. No obstante, han reconocido que el tema seguirá siendo objeto de discusión y que existen posibilidades de futuras modificaciones a través de mecanismos legislativos.
Expertos en derecho constitucional y penal coinciden en que el escenario actual refleja una desconexión entre las expectativas sociales y los consensos políticos alcanzados. Señalan que, tratándose de una pieza legislativa de tanta trascendencia, la legitimidad social resulta tan importante como la legalidad formal, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor protección de derechos y transparencia institucional.
El debate en torno al nuevo Código Penal continúa desarrollándose en espacios académicos, foros ciudadanos y plataformas sociales, evidenciando que la discusión está lejos de cerrarse y que su impacto político y social se extenderá en el tiempo.
Opinión | ElNuevoExtra
La aprobación de un Código Penal no es un acto meramente técnico; es una declaración de principios sobre qué valores decide priorizar una sociedad en un momento determinado de su historia. Cuando una reforma legal de esta magnitud genera un rechazo tan amplio y diverso, el mensaje que emerge es claro: existe una brecha entre las decisiones institucionales y las expectativas ciudadanas. Modernizar el sistema penal implica mucho más que actualizar artículos; exige sensibilidad social, coherencia con los derechos humanos y una visión de futuro que proteja a los sectores más vulnerables. Ignorar estas señales puede erosionar la confianza pública en las instituciones y profundizar el desencanto cívico. Un Estado fuerte no es aquel que impone normas sin consenso, sino el que escucha, corrige y construye marcos legales que reflejen de manera equilibrada justicia, equidad y dignidad para todos. ElNuevoExtra
--Por: Eliseo Bacilio Checo– Editor de noticias en El Nuevo Extra. Apasionado por el periodismo responsable y comprometido con llevar la información más relevante y actual a nuestra audiencia.Eliseo Bacilio Checo, creador, fundador, periodista y editor de El Nuevo Extra.
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