Bisáu, Guinea-Bisáu. — Los ciudadanos de Guinea-Bisáu acudieron este domingo a las urnas para participar en un referéndum constitucional que podría modificar de manera importante la estructura política del país y ampliar las atribuciones del presidente de la República.
La consulta se desarrolla en un contexto especialmente delicado. Guinea-Bisáu permanece bajo un gobierno de transición dirigido por militares después del golpe de Estado de noviembre de 2025, y el referéndum se celebra pocos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre.
La propuesta constitucional ha provocado una fuerte división. Mientras las autoridades de transición defienden el nuevo texto como una herramienta para terminar con los conflictos recurrentes entre el presidente, el primer ministro y el Parlamento, sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma podría concentrar demasiado poder en la Presidencia y debilitar los controles democráticos.
¿Qué está en juego en el referéndum?
La propuesta no representa un cambio menor.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra un fortalecimiento considerable de la figura presidencial. El nuevo modelo establecería una relación diferente entre el presidente y el primer ministro y otorgaría al jefe de Estado mayores facultades para dirigir el Gobierno.
También se contempla una reducción del tamaño del Parlamento y cambios en las reglas electorales.
El objetivo declarado por las autoridades es establecer una estructura institucional más clara y evitar los enfrentamientos que durante años han paralizado el funcionamiento del Estado.
Los defensores de la reforma sostienen que la actual Constitución ha contribuido a generar disputas entre las principales instituciones del país y que una mayor autoridad presidencial permitiría tomar decisiones con mayor rapidez.
Un cambio de modelo político
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es el fortalecimiento del sistema presidencial.
La reforma establece una relación de mayor subordinación del Gobierno al presidente y reduce el peso político que tendría el primer ministro frente al jefe de Estado.
De acuerdo con los análisis publicados sobre el proyecto, el presidente tendría mayores facultades para designar al primer ministro y formar el Gobierno, además de contar con herramientas para disolver el Parlamento bajo determinadas circunstancias.
Para los defensores del cambio, esto permitiría acabar con las frecuentes disputas entre los poderes del Estado.
Para sus críticos, en cambio, la reforma corre el riesgo de debilitar el equilibrio institucional y concentrar demasiado poder en una sola figura.
El Parlamento también perdería tamaño
Otra modificación importante consiste en reducir el número de diputados.
El cambio busca, según sus promotores, hacer más eficiente el funcionamiento de la Asamblea Nacional Popular y reducir los problemas relacionados con la fragmentación política.
Sin embargo, la oposición considera que una reducción de la representación parlamentaria podría disminuir la capacidad de diferentes sectores de la sociedad para participar en las decisiones nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al número de diputados. La verdadera discusión está relacionada con cuánto poder debe tener el Parlamento frente al presidente y qué mecanismos deben existir para controlar las decisiones del Ejecutivo.
La oposición pide boicotear la consulta
El principal partido opositor, el PAIGC, ha rechazado el proceso y ha llamado a sus simpatizantes a no participar en el referéndum.
Sus dirigentes sostienen que la nueva Constitución fue elaborada durante una transición dirigida por militares y cuestionan que las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil hayan tenido suficiente participación en el proceso.
La oposición también denuncia restricciones a la actividad política y sostiene que el proceso no ofrece condiciones plenamente equitativas para quienes defienden el voto negativo.
Según estas críticas, aprobar la nueva Constitución en estas circunstancias podría otorgar una apariencia de legitimidad a un modelo institucional diseñado durante un período en el que las autoridades elegidas habían sido desplazadas.
El gobierno defiende la reforma
Las autoridades de transición rechazan esas acusaciones.
Los responsables del proceso argumentan que el objetivo de la nueva Constitución es resolver problemas institucionales que han afectado al país durante décadas.
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Tomás Djassi, ha defendido la necesidad de establecer una autoridad presidencial más clara para evitar los conflictos recurrentes entre el presidente y el primer ministro.
Desde esa perspectiva, el fortalecimiento de la Presidencia no sería una estrategia para eliminar los controles democráticos, sino una forma de evitar bloqueos políticos que han contribuido a la inestabilidad del país.
El factor militar vuelve especialmente sensible la reforma
El contexto en el que se celebra el referéndum es uno de los principales motivos de preocupación.
Guinea-Bisáu se encuentra bajo una administración de transición surgida después del golpe militar de noviembre de 2025. La intervención de las Fuerzas Armadas se produjo después de las elecciones presidenciales celebradas ese mismo mes, cuando el proceso electoral todavía no había concluido oficialmente.
Por esa razón, cualquier reforma que incremente el poder presidencial es observada con especial atención.
El temor de los sectores críticos no se limita a quién ocupará la Presidencia en el futuro. La preocupación central es que las nuevas reglas puedan facilitar una concentración de poder difícil de controlar si las instituciones civiles continúan siendo débiles.
El Africa Center for Strategic Studies ha advertido precisamente sobre la importancia de fortalecer la separación entre las estructuras civiles y militares en un país con una larga historia de intervenciones militares en la política.
Una historia marcada por golpes e inestabilidad
Guinea-Bisáu obtuvo su independencia de Portugal en 1973 y desde entonces ha atravesado numerosos períodos de inestabilidad política.
Los golpes y las intervenciones militares han dificultado la consolidación de instituciones democráticas estables.
La crisis actual se suma a esa historia.
El golpe de noviembre de 2025 fue particularmente significativo porque ocurrió pocos días después de unas elecciones presidenciales. La intervención militar interrumpió el proceso político y dio paso a una administración de transición.
El objetivo declarado de las autoridades actuales es conducir al país hacia nuevas elecciones, previstas para diciembre.
Sin embargo, la aprobación de una nueva Constitución antes de esos comicios significa que los ciudadanos podrían estar votando primero las reglas bajo las cuales funcionará el próximo Gobierno y posteriormente elegirán a sus representantes.
¿Por qué importa tanto que el referéndum se celebre antes de las elecciones?
El calendario es uno de los aspectos más discutidos.
Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 6 de diciembre de 2026, apenas unos meses después del referéndum.
Esto significa que los ciudadanos podrían aprobar en agosto un nuevo marco constitucional y luego, en diciembre, elegir al presidente y al Parlamento que tendrán que gobernar bajo esas nuevas reglas.
Para las autoridades de transición, el procedimiento forma parte del retorno a un Gobierno elegido democráticamente.
Para la oposición, en cambio, el problema es que las reglas fundamentales del próximo sistema político están siendo definidas por instituciones que no surgieron de unas elecciones nacionales.
Ese desacuerdo explica buena parte de la tensión alrededor de la consulta.
Un proceso cuestionado por organizaciones civiles
Además de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por el proceso.
Entre los cuestionamientos aparecen la falta de un debate público suficientemente amplio, las restricciones a determinadas actividades políticas y la limitada participación de sectores opositores en la campaña.
El Africa Center for Strategic Studies señala que, desde el golpe, el espacio político se ha reducido y que actividades de partidos, manifestaciones y otros mecanismos de participación pública han enfrentado restricciones.
Estas circunstancias pueden influir en la percepción que exista posteriormente sobre la legitimidad del resultado.
En cualquier referéndum constitucional, no solamente importa el porcentaje obtenido por el “sí” o el “no”. También resulta fundamental conocer si los ciudadanos pudieron acceder a información suficiente, escuchar argumentos diferentes y participar libremente.
¿Qué ocurriría si gana el “sí”?
Una victoria del “sí” permitiría que la nueva Constitución entre en vigor y establecería el marco institucional para las elecciones de diciembre.
El próximo presidente tendría mayores atribuciones que bajo el sistema actual, mientras que el Parlamento tendría una composición más reducida.
La relación entre el presidente y el primer ministro también cambiaría sustancialmente.
Esto podría generar un sistema político más centralizado en la Presidencia.
Sus defensores consideran que esa centralización ayudaría a evitar los bloqueos que han caracterizado la política de Guinea-Bisáu.
Sus críticos creen que podría reducir los contrapesos necesarios para evitar abusos de poder.
¿Y si gana el “no”?
Un rechazo de la propuesta abriría un escenario mucho más incierto.
Las autoridades tendrían que determinar cómo continuar el proceso de transición y bajo qué Constitución se celebrarían las elecciones previstas para diciembre.
También podría abrirse una nueva negociación entre el gobierno de transición, los partidos políticos y las organizaciones civiles para modificar el texto o elaborar una propuesta diferente.
Por ahora, la atención está concentrada en la participación ciudadana y en la transparencia del proceso electoral.
El futuro político de Guinea-Bisáu
Más allá del resultado del referéndum, el verdadero desafío para Guinea-Bisáu será recuperar la estabilidad institucional.
El país necesita evitar que las disputas entre las instituciones civiles terminen convirtiéndose nuevamente en una justificación para intervenciones militares.
También necesita garantizar que las Fuerzas Armadas permanezcan subordinadas al poder civil y que los cambios constitucionales sean producto de procesos ampliamente participativos.
La historia reciente demuestra que una Constitución por sí sola no garantiza la estabilidad de un país.
Para que las instituciones funcionen, también se necesita independencia judicial, respeto a los resultados electorales, libertad política, medios de comunicación capaces de trabajar sin intimidación y mecanismos efectivos de control del poder.
Un resultado que tendrá consecuencias regionales
La situación de Guinea-Bisáu también es observada por otros países de África occidental.
La región ha experimentado una sucesión de golpes militares en los últimos años y enfrenta un debate cada vez más intenso sobre la relación entre gobiernos civiles, fuerzas armadas y seguridad nacional.
Un proceso constitucional que logre conducir a Guinea-Bisáu hacia elecciones libres y una transición estable podría convertirse en una señal positiva.
Pero si el resultado es percibido como una herramienta para consolidar el poder de una estructura militar, podría aumentar las preocupaciones sobre el retroceso democrático en África occidental.
Por eso, la legitimidad del proceso será tan importante como el resultado de las urnas.
Opinión editorial de El Nuevo Extra
Desde El Nuevo Extra consideramos que Guinea-Bisáu se encuentra ante una decisión que va mucho más allá de aprobar o rechazar un documento constitucional.
El país tiene una oportunidad para intentar cerrar un largo ciclo de golpes, enfrentamientos políticos e inestabilidad. Pero esa oportunidad solamente será aprovechada si la nueva estructura institucional consigue fortalecer la democracia y no simplemente trasladar una mayor cantidad de poder hacia una sola figura.
Entendemos el argumento de quienes defienden una Presidencia más fuerte: un sistema político lleno de enfrentamientos puede paralizar un país y dificultar la gobernabilidad. Sin embargo, un presidente fuerte no debe significar instituciones débiles.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas democráticos necesitan contrapesos. Un Parlamento con capacidad real de fiscalización, una justicia independiente y una prensa libre son elementos fundamentales para impedir que la concentración de poder termine convirtiéndose en abuso.
También consideramos legítimo que la oposición cuestione el proceso y pida transparencia. Al mismo tiempo, el resultado de las urnas debe ser respetado si existen garantías suficientes de participación y conteo confiable.
Guinea-Bisáu necesita una Constitución que sirva al Estado y a sus ciudadanos, no una Constitución diseñada para favorecer a quienes temporalmente ocupan el poder.
El verdadero éxito del referéndum no debería medirse únicamente por el triunfo del “sí” o del “no”, sino por la capacidad del país para recuperar instituciones civiles fuertes, elecciones creíbles y una relación democrática entre el poder político y las Fuerzas Armadas.
El Nuevo Extra seguirá dando seguimiento al resultado del referéndum y al proceso electoral previsto para diciembre, diferenciando siempre entre hechos confirmados, denuncias políticas y opiniones de los distintos actores.
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