La audiencia, que inició alrededor de las 2:00 p.m. de este lunes, avanzó lentamente. Hasta las 10:00 de la noche, solo se había presentado la defensa de dos de los diez imputados, lo que motivó al tribunal a suspender temporalmente el proceso para garantizar el debido desarrollo de las exposiciones restantes.
Presunta red de corrupción
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los implicados forman parte de una presunta organización que operaba mediante el pago sistemático de sobornos con el objetivo de asegurarse contratos relacionados con servicios de seguridad privada en diversas entidades gubernamentales. Las instituciones afectadas incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste.
Las autoridades sostienen que este entramado delictivo no solo comprometía recursos públicos, sino que también distorsionaba los procesos de licitación y contratación en perjuicio del Estado y de la competencia leal en el sector privado.
Defensa y posiciones encontradas
Durante la audiencia, los abogados defensores expresaron posturas diferentes respecto a la continuidad del proceso. El jurista Carlos Balcácer, quien representa a uno de los encartados, solicitó que se reanudará la audiencia este martes, argumentando la necesidad de tiempo adecuado para exponer sus argumentos. Por otro lado, el abogado Félix Portes manifestó su preferencia por culminar el proceso esa misma noche, en un intento de evitar mayores dilaciones.
Finalmente, el tribunal optó por suspender temporalmente la audiencia, a fin de concluir con la presentación de las defensas y proceder con la deliberación y emisión de la decisión sobre las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Próximos pasos
Se espera que en la continuación de este martes el tribunal escuche las intervenciones restantes, examine los elementos presentados por la Fiscalía y valore si existen méritos suficientes para imponer prisión preventiva u otras medidas cautelares contra los imputados.
Este caso ha generado amplio interés mediático y social, al implicar a entidades públicas claves para el desarrollo de servicios esenciales y resaltar nuevamente los desafíos que enfrenta la administración pública dominicana en materia de transparencia y control de la corrupción.