El empresario anuncia acciones legales luego de casi nueve años de proceso judicial vinculado al escándalo internacional de corrupción
El empresario dominicano Ángel Rondón informó que interpondrá una demanda contra el Estado tras haber sido descargado de manera definitiva en el proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción empresarial en América Latina durante las últimas décadas.
Rondón, quien fue señalado como presunto intermediario en el pago de sobornos vinculados a contratos de obras públicas, enfrentó un proceso judicial que se extendió por casi nueve años. Durante ese período, el caso concentró una intensa atención mediática y pública, convirtiéndose en uno de los expedientes más emblemáticos en materia de persecución de corrupción administrativa en la República Dominicana.
Un proceso prolongado y de alto perfil
El caso se originó a partir de las revelaciones internacionales que implicaron a la constructora brasileña en el pago de sobornos en varios países para la obtención de contratos de infraestructura. En República Dominicana, el expediente judicial incluyó a empresarios y exfuncionarios, generando uno de los procesos penales más complejos y prolongados del sistema judicial dominicano.
Tras años de audiencias, debates probatorios y recursos legales, el tribunal competente emitió una decisión que descargó definitivamente a Rondón, concluyendo que no se configuraron responsabilidades penales en su contra conforme a las pruebas presentadas en el juicio.
La decisión marcó un punto de inflexión en un caso que durante casi una década simbolizó el esfuerzo institucional por enfrentar la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública.
Anuncio de demanda contra el Estado
Luego de conocerse el fallo definitivo, Rondón anunció que iniciará acciones legales contra el Estado dominicano, alegando que el prolongado proceso le causó daños económicos, morales y reputacionales. Según declaraciones atribuidas a su entorno, la demanda buscaría una compensación por los perjuicios sufridos durante el tiempo en que estuvo sometido a investigación y juicio.
Este tipo de acciones no es inusual en contextos donde una persona resulta absuelta tras un proceso largo y mediático. El debate jurídico ahora podría trasladarse al ámbito contencioso-administrativo, donde se analizará si procede o no algún tipo de indemnización por responsabilidad estatal.
Impacto institucional y debate público
El anuncio abre una nueva etapa en un caso que ya había marcado la agenda nacional durante años. Más allá del desenlace penal, la situación reaviva el debate sobre la duración de los procesos judiciales complejos, el equilibrio entre la persecución del delito y la protección de derechos fundamentales, y la necesidad de fortalecer la eficiencia del sistema judicial.
El caso Odebrecht dejó profundas lecciones para la región en términos de cooperación internacional, transparencia en la contratación pública y exigencias ciudadanas de mayor control institucional. En República Dominicana, el proceso representó una prueba significativa para el Ministerio Público y el Poder Judicial, en medio de una alta expectativa social.
Mientras tanto, cualquier acción judicial que presente Rondón deberá seguir los cauces legales establecidos, y será la justicia la que determine si corresponde o no una compensación.
Opinión – ElNuevoExtra
El desenlace de este proceso plantea una reflexión compleja sobre la relación entre justicia, tiempo y reputación. Un sistema judicial tiene la obligación de investigar con rigor cualquier señalamiento de corrupción, especialmente cuando se trata de casos de alto impacto nacional; sin embargo, también debe garantizar que los procesos se desarrollen con eficiencia y dentro de plazos razonables. Cuando un expediente se extiende durante casi una década, el costo no solo es institucional, sino también humano y económico. Este episodio invita a repensar la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, procesales y estructurales del sistema judicial para evitar dilaciones excesivas sin debilitar la lucha contra la impunidad. La credibilidad de la justicia no depende únicamente de condenas o absoluciones, sino de su capacidad de actuar con equilibrio, objetividad y oportunidad. El verdadero desafío está en consolidar un modelo donde investigar no signifique prolongar indefinidamente la incertidumbre, y donde la defensa del interés público conviva armónicamente con la protección de los derechos individuales. — ElNuevoExtra
--Por: Eliseo Bacilio Checo– Editor de noticias en El Nuevo Extra. Apasionado por el periodismo responsable y comprometido con llevar la información más relevante y actual a nuestra audiencia.Eliseo Bacilio Checo, creador, fundador, periodista y editor de El Nuevo Extra.
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